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Borrell se enreda en la crisis venezolana y atacaa Guaidó y López

El Parlamento Europeo decidirá la semana que viene si envía también una misión de observación política a las elecciones regionales del 21 de noviembre que organiza la dictadura venezolana, que complementaría la que ya ha decidido enviar el Alto Representante para la política exterior de la UE, Josep Borrell, que a su vez acusa a los más relevantes opositores venezolanos como Leopoldo López y al que varios países miembros han reconocido como presidente encargado, Juan Guaidó, de intentar «dinamitarla». Pocas veces se había vivido en Bruselas una polémica tan agria en relación a una misión de observación electoral. Probablemente esta situación tiene mucho que ver con el hecho de que esta es también la primera vez que un Alto Representante decide enviarla en contra del informe preliminar que habían preparado los técnicos, y que dictaminaba claramente que no se daban las condiciones mínimas para ello.

Las misiones electorales que envía el servicio de Acción Exterior son eminentemente técnicas, mientras que las del Parlamento encarnan la versión más política de los hechos. El Alto representante ha nombrado a la eurodiputada socialista portuguesa Isabel Santos como jefa de la misión de observación y ellla será, en todo caso, la única cabeza de todo el proceso, incluso si finalmente se despliegan representantes del Parlamento Europeo.

El Partido Popular Europeo (PPE) había pedido que Borrel fuera convocado para comparecer ante la Comisión de Asuntos Exteriores y explicar las razones por las que había tomado esta decisión en contra del dictamen, pero no ha logrado una mayoría. En gran medida porque el antiguo grupo liberal, donde está Ciudadanos, ha preferido dejar que discurra el procedimiento dado que están de acuerdo con que la misión se desplace a Venezuela. El hecho ha sido interpretado como resultado de las diferencias en el seno del grupo, aunque como es natural no ha sentado nada bien entre los populares. Dolors Montserrat, que ha intentado forzar esta comparecencia o Leopoldo López, padre del dirigente opositor, se mostraron contrariados, mientras que el diputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, justificó su posición contraria a la comparecencia para favorecer el envío de la misión que a su juicio solo puede hacer un informe contrario a la dictadura.

Fuera de las instituciones, Borrell ha sostenido en varias ocasiones en los últimos días que el informe en cuestión que ha decidido ignorar «era viejo» porque se hizo en julio y él tomó la decisión a finales de septiembre, pero no ha podido explicar cuáles son los elementos esenciales que han cambiado desde entonces. Las conversaciones de Mexico entre el régimen y la oposición están estancadas, los partidos de oposición no se han podido presentar libremente, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la dictadura ha distribuido arbitrariamente las siglas y las sedes de los partidos, no se ha liberado ni un solo preso político (al revés, solo en este año han muerto en la cárcel tres personas encarceladas por represalias de la dictadura, el último el ex general Raul Baduel), y no se presta asistencia médica a ninguno del medio centenar que la necesitan.

Según fuentes bien informadas, esta es también la primera vez que las empresas especializadas en desplegar los aspectos logísticos de una misión electoral, y que habitualmente se disputan el contrato con la Comisón Europea, no han mostrado gran interés en llevarlo a cabo, precisamente porque han conocido el informe preliminar y son conscientes de las terribles dificultades que representará. Se han presentado al concurso para no quedar descalificadas en futuros contratos, pero según esta versión, al final se ha adjudicado por un importe de unos 7 milones de euros, cuando lo habitual es que ronden los dos milones y medio.

Antes de emprender viaje a Estados Unidos, Borrell hizo unas declaraciones en las que culpaba a «los partidos políticos de López y de Guaidó y sus representantes en el Parlamento Europeo, que no quieren que se haga la misión a pesar de que sus partidos se presentan» a las elecciones regionales. Justificaba su decisión diciendo que es «muy importante mandar una misión de observación electoral, para que sepamos lo que pasa allí», aunque el informe que ha desdeñado era meridianamente claro sobre ello. Las autoridades de la dictadura venezolana habían criticado declaraciones suyas en este sentido y en las que advertía que sería esta misión la que determinaría la legitimidad del proceso y lo consideraron como una injerencia intolerable que ponía en riesgo la invitación a la misión de observación porque «ningún país podrías tolerar esto».

«Borrell debe explicar cuanto antes las condiciones bajo las que se despliega la misión en Venezuela que hoy está en entredicho. Ha ninguneado las recomendaciones de sus servicios y para cubrirse las vergüenzas acusa a los demócratas venezolanos de querer dinamitar el proceso», dijo por su parte Valentina Martínez, secretaria de Internacional del PP.

Pero desde Bruselas Borrell insitió en sus tesis. En declaraciones a la agencia Efe, el Alto Representante repitió que «el Gobierno venezolano me ataca y se queja porque dije lo que es obvio, que las misiones de observación electoral van a verificar la calidad de las elecciones. Se va a valorar la calidad democrática de las elecciones. Por tanto, las legitima o las deslegitima desde el punto de vista de la calidad democrática que tienen, claro que sí. No les gusta, pues no lo vamos a cambiar, ¿a qué creen que vamos?», dijo. Más aún, considera que los observadores europeos «no apoyan a la oposición, les da garantías. Si hay alguien que vigila, es como un partido de fútbol con arbitro. Si hay un arbitro da garantías de juego limpio».

Ayer mismo, el portavoz de Borrell tuvo que admitir que la misión podría suspenderse «si las condiciones cambian». Peter Stano aseguró que la firma del «Acuerdo Administrativo» con la dictadura «permitirá que la misión pueda llevarse a cabo según nuestros criterios», aunque lo cierto es que el documento encajona en muchos sentidos la labor de los observadores, que no podrán moverse por el país sin comunicar con antelación sus planes ni podrán hacer declaraciones.

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