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Biden da luz verde al marco legal para redoblar sanciones contra Nicaragua

La nueva ronda de sanciones de EE.UU. contra Nicaragua es inminente, después de que Joe Biden firmara esta semana una ley proveniente del Congreso diseñada para ampliar las medidas punitivas contra el régimen de Daniel Ortega por sus abusos antidemocráticos y la farsa electoral de las elecciones del pasado domingo.

Se trata de la Ley para Reforzar la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral –sus siglas en inglés forman la palabra Renacer– y ha sido aprobada por las cámaras del Congreso con apoyo de demócratas y republicanos. Fue impulsada por el Senado en agosto y la semana pasada recibió el espaldarazo de la Cámara de Representantes, donde la mayoría de los legisladores que se opusieron eran de la corriente izquierdista del partido demócrata.

Biden estaba listo para firmar la ley, después de que el domingo, el día de la elección presidencial en Nicaragua, dijera que Ortega y su mujer –la vicepresidenta Rosa Murillo– «han orquestado una pantomima de elección que no fue ni libre ni justa, y sobre todo no democrática».

Al igual que EE.UU., la Unión Europea ha criticado con dureza al régimen de Ortega, cuya deriva totalitaria se ha radicalizado en los últimos meses, con el encarcelamiento de decenas de opositores –incluidos posibles candidatos a la presidencia–, veto a partidos que no eran el suyo, abusos a los miembros de la prensa, persecución de activistas y otras violaciones de derechos humanos.

Consecuencias
La ley Renacer tiene como objetivo redoblar las sanciones contra los responsables de la celebración de estas elecciones sin garantías, además de adoptarlas de manera coordinada con los socios europeos y con Canadá y de unirlas a posibles medidas de carácter económico: por ejemplo, establecer procesos de revisión de los préstamos de organizaciones internacional al Gobierno de Ortega y considerar la vigencia de la participación de Nicaragua en el tratado de comercio que une a varios países centroamericanos con EE.UU. (la primera potencia mundial es el primer mercado para las exportaciones nicaragüenses).

La ley tuvo como principal impulsor a Bob Menéndez, el senador demócrata que preside el Comité de Relaciones Exteriores de la cámara alta y que fue muy crítico el mes pasado con el Gobierno de Pedro Sánchez por su política respecto a Cuba y Venezuela. También se sumaron a la aprobación de Renacer otros senadores clave en las relaciones con los países americanos, como el demócrata Tim Kaine y los republicanos Marco Rubio y Ted Cruz.

EE.UU. ha impuesto ya sanciones contra autoridades del régimen de Ortega –una de ellas, la propia Murillo–, algo que no ha detenido los abusos del líder marxista, que cuenta con el apoyo de Cuba, Venezuela y Rusia. Tampoco ha detenido su agresividad dialéctica. Al contrario, este lunes acusó a los opositores encarcelados de «hijos de perra del imperialismo yanqui», aseguró que el Gobierno de España son «fascistas franquistas, hermanitos de Hitler», mientras que calificó a las autoridades de la Unión Europea de «nazis».

Sanciones individuales
La ley de sanciones de EE.UU. será el marco legal para la nueva ronda de sanciones que, según dijo un alto cargo del Departamento de Estado a Reuters, llegarán «muy pronto». Se espera que se centren en individuos –habrá que ver si el sancionado es el propio Ortega– relacionados con los abusos del sistema electoral, miembros de las fuerzas de seguridad implicados en la represión política y compañías estatales que el régimen de Ortega usa a su antojo.

Al mismo tiempo, EE.UU. y otros aliados buscará presionar en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que arrancó ayer en Guatemala, para que se emita una declaración firme de condena del proceso electoral de Nicaragua, con el que Ortega ha buscado perpetuarse en el poder con un cuarto mandato consecutivo.

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