Abandonar el sistema interamericano es una acción que solo un país de América lo ha hecho en la historia, y aunque muchos otros lo han intentado, no logran cumplir el plazo de dos años que establece la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos (OEA). Cuba es la única nación que fue expulsada del organismo en 1962. Venezuela lo intentó en 2017, tras una resolución en la que el régimen de Nicolás Maduro fue señalado de cometer «alteración inconstitucional del orden democrático». Ahora, Nicaragua imita sus pasos al enviar una carta de denuncia con el fin de retirarse.
Pese a que el canciller Denis Moncada, en nombre de Daniel Ortega, envió una carta cuya lectura hace indicar que no existe vuelta atrás, la salida de la OEA conlleva un protocolo monumental, suficiente para disuadir a cualquier otro país. En Nicaragua, para los analistas la acción del régimen tiene tintes de «rabieta política», tras el desconocimiento de la OEA de las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, fueron elegidos –sin competencia– para otro periodo de cinco años en el poder. Otra de las lecturas apunta a que ambos desean ganar tiempo y argumentar que están en proceso de salida, para evitar la aplicación de medidas más graves como la Carta Democrática, un documento que suspende a la nación, aunque no la deslinda de sus responsabilidades.
Cumplir con sus obligaciones
Para el exembajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, Nicaragua sigue siendo miembro activo del Consejo Permanente hasta el 19 de noviembre de 2023, es decir, cuando transcurran los dos años que estipula el artículo 143 de la Carta Constitutiva. «Cuando llegue a los dos años, se deslinda de la organización después de haber cumplido con las obligaciones que el país tiene. Obligaciones como respeto a los derechos humanos, respeto a la institucionalidad jurídica, al estado de derecho, a la libertades públicas y el pago de sus cuotas anuales de membresías», explica.
Parrales asegura que la misiva enviada por el Ministerio de Exteriores responde únicamente a la voluntad de Ortega, pero antes deberán acatar todas las disposiciones que emanan de los acuerdos suscritos con el organismo. La salida de Nicaragua se oficializó tras unas semanas en la que la comunidad internacional rechazó los resultados electorales cuando los gobernantes sandinistas se proclamaron vencedores, tras unas votaciones sin competencia y con siete aspirantes opositores encarcelados. Ortega tomó la decisión de salir de la OEA después de ser respaldado por el legislativo, el electoral y el judicial, tres de los cuatro poderes del Estado establecidos en la Constitución Política de Nicaragua.
Salir, casi imposible
El politólogo Pedro Fonseca aseguró que esta es una medida que carece de «efectividad», porque el abandono del sistema interamericano es más complejo de lo que parece. «Del organismo no se puede salir tan fácil. Nicaragua podría dejar de enviar a un embajador, pero salir es casi imposible. El país se fundamenta en los valores del sistema interamericano y se beneficia de él en temas de justicia, operación técnica y acuerdos comerciales y materia de seguridad».
El 27 de abril de 2017, Nicolás Maduro también anunció una salida similar de la OEA que no pudo finalizar, pues meses después su régimen fue desconocido, mientras que el presidente interino Juan Guaidó envió a un representante. Las denuncias que han enviado ambos países tachan a la OEA de «injerencista», y como una herramienta «imperialista» de los Estados Unidos. No obstante, el sistema interamericano fue una de las herramientas que beneficiaron a los sandinistas en 1979, cuando el Consejo Permanente condenó al régimen del dictador Anastasio Somoza Debayle y pidió su relevo inmediato.
«La OEA continúa siendo el instrumento creado por EE. UU. para proyectar su política injerencista y hegemónica de intervención, de amenaza, de agresión contra los países de América Latina y el Caribe», enfatizó Moncada en la carta. «Ha sido una realidad y ellos continúan aprovechando la subordinación de algunos Gobiernos de América Latina y el Caribe que no responden a los intereses de sus respectivos pueblos», precisó.
La OEA se ha dado de tiempo hasta el 30 de noviembre para la aplicación de medidas concretas contra Nicaragua, unas medidas que pueden abarcar nuevos intentos de gestiones diplomáticas o la aplicación de la Carta Democrática, que suspende al país de su participación. Esta última puede suceder aunque Nicaragua haya anunciado su retirada. «Si en el transcurso de estos dos años el Consejo Permanente, a más tardar el 30 de este mes, llega a la conclusión de que hay que aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, simplemente el secretario general (Luis Almagro) tiene que citar a una reunión de los cancilleres, plantea el asunto a la Asamblea y la Asamblea toma la decisión. El país queda como miembro activo y con el deber de cumplir sus obligaciones», detalló Parrales.
