La celebración la pasada semana de la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México vino a simbolizar la plena normalización de las relaciones vecinales en Norteamérica, después de que ninguna de estas reuniones conocidas como «the three Amigos summit» tuviera lugar durante el mandato de Donald Trump. Dado que, por la pandemia, el encuentro fue virtual, la ocasión no fue propicia para los gestos, pero sin duda hubo interés de Joe Biden de mostrar su deseo de aproximación hacia Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador.
La Administración Biden intenta suavizar las bruscas maneras con las que a veces Washington trata a México, pero la colaboración entre los dos países no es fácil. En el año que Biden lleva en la Casa Blanca la presión migratoria sobre la frontera sur estadounidense no solo no ha disminuido, sino que ha registrado un récord histórico en intentos de entradas ilegales; también ha habido un récord histórico de muertes por sobredosis de drogas, muchas de ellas introducidas en EE.UU. por los carteles mexicanos.
En ese contexto, EE.UU. y México intentan establecer un nuevo marco en materia de cooperación de seguridad, menos centrado en el mero uso de la fuerza, y resolver los problemas que están surgiendo en la implementación del renovado tratado de libre comercio.
Iniciativa Mérida
El presidente López Obrador ha tenido especial interés en finiquitar la Iniciativa Mérida, puesta en marcha en 2008 por la colaboración entre el republicano George W. Bush y Felipe Calderón, del partido mexicano de derecha PAN. En estos 13 años, el programa ha supuesto para EE.UU. un gasto de 3.300 millones de dólares, destinados a la entrega de material militar, el entrenamiento de las fuerzas de seguridad y otros aspectos de la lucha contra el narcotráfico.
El plan fue la base del despliegue militar para combatir los carteles que comenzó Calderón y continuó su sucesor, Enrique Peña Nieto, del PRI. El personal del Ejército y de la Armada desplegado en México pasó de 69.000 personas a 125.000. López Obrador, a la izquierda del PRI, ha querido distanciarse de sus dos predecesores y ha retirado a los soldados de la lucha directa en las calles con el narcotráfico, pero lo ha hecho sustituyéndolos por un nuevo cuerpo, la Guardia Nacional, que en estos momentos llega a los 90.000 efectivos. Por lo demás, el incremento del número de homicidios, atribuido muchas veces a esa militarización de la seguridad ciudadana, ha continuado con la presidencia de López Obrador a pesar de su discurso de «abrazos, no balas».
México ha lamentado normalmente que la ayuda de Washington ponga el acento en el uso de la fuerza para hacer cumplir la ley, y muy poco en los aspectos socioeconómicos que completan el cuadro de la problemática del narcotráfico. De ahí que ahora López Obrador busque un nuevo pacto con EE.UU. que sustituya a la Iniciativa Mérida. Le ha dado el nombre de Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y los Estados Unidos; sus objetivos son prevenir el uso de drogas, proveer alternativas económicas al crimen organizado, promover los derechos humanos e incrementar las capacidades de investigación policial, entre otros aspectos.
Según declaró el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en el encuentro de alto nivel entre los dos países celebrado en octubre, México quiere una relación de «respeto, corresponsabilidad y reciprocidad», molesto con la tradicional superioridad con que la Washington trata a su vecino. El nuevo convenio debería quedar concretado para su firma en enero de 2022.
El acuerdo no se vislumbra difícil de alcanzar. EE.UU. venía reconociendo que tenía un problema de evaluación del rendimiento de los fondos aportados a la Iniciativa Mérida. Por su parte, a México lo que le preocupa especialmente es poder establecer algunas medidas que limiten la llegada ilegal de armas desde el otro lado de la frontera: el 70% de las armas intervenidas al crimen organizado proceden del vecino país. No obstante, hay que acoger con cierto escepticismo que se llegue a dar una leal cooperación en los operativos: en realidad López Obrador ha puesto dificultades a las agencias estadounidenses para su participación en las investigaciones y operaciones en territorio mexicano.
Primeros roces en el T-MEC
El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN o NAFTA por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 1994, fue sustituido a partir del 1 de julio de 2020 por el Tratado de México, Estado Unidos y Canadá (T-MEC, conocido en EE.UU. como USMCA). El cambio fue requerido por Trump, quien buscando reducir el déficit comercial estadounidense con México exigió la reforma de un acuerdo cuya actualización, en cualquier caso, era conveniente. Los primeros roces entre EE.UU. y México ya se han producido, y precisamente en uno de los puntos cruciales de la reforma: el bajo precio de los salarios en México, algo contestado desde los sindicatos estadounidenses alegando competencia desleal.
Además de elevar del 62,5% al 75% el llamado «valor de contenido regional» (la parte de un automóvil que debe fabricarse en alguno de los tres países para poder ser considerado hecho en Norteamérica), el nuevo acuerdo fijó entre el 40% y el 45% la parte de los componentes de un vehículo que deben ser montados con salarios de al menos 16 dólares la hora («valor de contenido laboral»). El alza debía ser progresiva: hasta el 30 de junio de 2021 el valor de contenido laboral debía ser del 30% y desde entonces del 40%. México dice que cumple con la norma, al estar montando piezas que han sido hechas en EE.UU. con salarios más altos, pero Washington le exige que solo contabilice el salario de los empleados que trabajan en las cadenas de montaje mexicanas. Los dos países siguen sin resolver el ligitio.
